Un repaso a los programas electorales de los distintos partidos en lo que puedan tener de promoción de la bicicleta y la movilidad sostenible.
Para la próxima legislatura, los socialistas proponemos desarrollar estas directrices en torno a las siguientes medidas:
- La aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible, que establezca un marco estable de cooperación entre todas las Administraciones involucradas en el transporte urbano y metropolitano, donde se fijen criterios medioambientales y de eficiencia para la mejora de los sistemas de transporte que soportan la movilidad cotidiana de los ciudadanos en las principales ciudades españolas.
- La puesta en marcha de Planes de Infraestructuras de Cercanías en todas las áreas urbanas donde se presta este servicio, con la finalidad de incrementar la capacidad y fiabilidad del mismo, disminuir las interferencias con otras circulaciones ferroviarias y corregir la excesiva radialidad de las redes de mayor dimensión. Nos comprometemos a realizar un fuerte impulso en la modernización de estaciones de cercanías así como de la renovación de su parque de trenes.
- A través del diálogo social, estimularemos la elaboración de Planes de Transporte al Centro de Trabajo en todos los centros de todas las empresas y Administraciones Públicas con más de 200 trabajadores, para fomentar la corresponsabilidad de las administraciones, empresas y sindicatos en la búsqueda de alternativas a la movilidad cotidiana al trabajo, subvencionando una parte del coste de los abonos de transporte público intermodal. A tal fin, el Estado creará un Fondo para el transporte público intermodal, que se hará extensivo al resto de empresas que voluntariamente se adhieran a los acuerdos alcanzados.
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Junto a ello, nos proponemos revisar el PEIT mediante el desarrollo de medidas no infraestructurales para acentuar el compromiso con la movilidad sostenible. Así:
- El estímulo alternativas de transporte distintas del vehículo privado, especialmente en trayectos cortos y entornos urbanos.
- Una mayor integración de los criterios ambientales y de eficiencia energética en la política de transporte, poniendo en marcha una Comisión de Seguimiento Ambiental y apoyando activamente la introducción en el mercado de los vehículos y combustibles más limpios, a través de instrumentos económicos para fomentar su adquisición por los ciudadanos.
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- El transporte supone más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno aprobará una ley para la movilidad sostenible, con exigencias mínimas de adecuación de todo tipo de transportes para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y con incentivos para reducir las necesidades de desplazamiento en transporte individual (teletrabajo, planes específicos de las empresas de más de 200 trabajadores, etc.).
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Transporte Urbano.
El 50% de las emisiones de CO2 debidas al transporte se producen en las ciudades y zonas metropolitanas.
- El Gobierno reforzará y ampliará los ferrocarriles de cercanías, y apoyará a los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes en los que se hayan aprobado planes de movilidad sostenible, para que amplíen y renueven su flota de transporte público, incorporando energías limpias, y para que potencien la oferta de bicicletas municipales, así como las infraestructuras necesarias para su uso (aparcamientos específicos, carriles-bici, etc.)
- Revisión del PEIT aplicando criterios más exigentes para la inclusión de las nuevas infraestructuras en la planificación y anticipando las medidas de gestión de la movilidad.
- Implantación de Planes de movilidad urbana y Planes de movilidad sostenible para empresas de más de 200 trabajadores en futura Ley de Movilidad Sostenible
- Puesta en marcha de un Plan específico para la potenciación del transporte público y el no motorizado, con el objetivo de incentivar las alternativas al vehículo privado.
1141. Avanzaremos hacia una movilidad sostenible.
1518. Sector del transporte
• Estableceremos un plan progresivo con el objetivo de alcanzar un uso generalizado del gas natural y el hidrógeno en el transporte público urbano.
• Se acelerará la construcción de las infraestructuras del AVE logrando así una intensificación del transporte de mercancías por ferrocarril en las vías convencionales de manera más eficiente.
• En el marco de la reforma de la Ley del Suelo, se incluirán planes de movilidad, infraestructuras de transporte público y obligatoriedad de construcción de aparcamientos de gran capacidad conectados con transporte público.
• Se intensificará el uso generalizado de biocarburantes. Los fabricantes de vehículos y los propietarios de distribución de carburantes garantizarán su uso.
• Se establecerán incentivos eficaces a la adquisición de vehículos más eficientes, que incluyan la obligatoriedad del etiquetado energético de vehículos.
3.2. Transporte sostenible.
Promover la máxima accesibilidad con la mínima movilidad. El derecho social y ecológicamente justo es el derecho a la accesibilidad. Desarrollar la Proposición de Ley de Transporte Sostenible presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario de IU en 2007.
3.3. Inversión en el ferrocarril convencional y en los servicios ferroviarios de cercanías.
Impulsar el transporte sostenible a pie, en bicicleta y en tren, como columna vertebral del sistema multimodal e integral de transporte. Redactar el Plan de transporte sostenible que la sociedad española necesita. Aplicar de forma inmediata las medidas de regulación del transporte que permitan reducir la necesidad de transporte, y alcanzar los objetivos ambientales y el reequilibrio modal basado en a pie, en bicicleta y en tren. La propuesta de IU señala que los elementos clave para definir, clasificar y estructurar el transporte van desde los aspectos ecológicos (reducir la necesidad de transporte, minimizar el consumo energético, evitar la emisión de gases con efecto invernadero, aumentar la calidad del aire, reducir el ruido, optimizar la ocupación de suelo, disminuir el cuarteamiento del territorio,…) a la relación coste-beneficio (donde deben considerarse los costes desde la mina al vertedero; los costes externos, ecológicos y sociales; y el problema de asignar valor monetario a, por ejemplo, la vida de una persona perdida en un accidente de carretera), pasando por la distancia, la velocidad, el tiempo de viaje, y la vertebración, cohesión y equilibrio territorial.
3.4. Abaratamiento del transporte público
y creación de modalidades de pago específicas para jóvenes, parados y pensionistas, así como para familias monoparentales con límite de renta. El sistema de transporte ha de tener carácter universal y ser público, garantizando el servicio a todas las personas, independientemente de su situación geográfica, poder adquisitivo, capacidad de movilidad, género, edad, raza y cultura. IU propone realizar esfuerzos especiales en favor de las actuaciones de gestión de la demanda propias de una política de transporte genuinamente sostenible, es decir, actuaciones orientadas a:
+ reducir la generación de necesidades de desplazamiento;
+ estabilizar, y posteriormente disminuir, el volumen de tráfico motorizado actual;
+ aplicar peajes a todas las vías de alta capacidad, con tarifas que hagan asumir a la carretera todos los costes que genera (excluyendo del peaje la movilidad obligada de los desplazamientos al puesto de trabajo mientras se implanta el transporte público colectivo correspondiente);
+ establecer una moratoria en la creación de nuevas infraestructuras para el transporte (autopistas, autovías, aeropuertos, etc);
+ y lograr trasvasar de modo significativo usuarios y cargadores del automóvil y el camión hacia el transporte público actual y eficaz, que tenga como columna vertebral el ferrocarril, junto a los desplazamientos a pie y en bicicleta.
POTENCIARAREMOS EL USO DEL TRANSPORTE COLECTIVO Y EL USO DE VEHÍCULOS NO CONTAMINANTES, LOS CARRILES-BUS, TAXI Y CARRIL-BICICLETA.
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PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA LAS PLANTILLAS;
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5.8.4. Estrategias para la mejora del espacio público, medio ambiente y paisaje urbano
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2‐ Recuperar la Ciudad Histórica para el ciudadano, mediante la supresión de coches en superficie, peatonalización, carriles bici, construcción de aparcamientos subterráneos y supresión de barreras arquitectónicas.
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VI. POLÍTICAS DE LA ACCESIBILIDAD
Pasar de la ciudad de los automóviles a la ciudad del peatón debe ser uno de los objetivos principales de la Política Urbanística, en el siglo XXI. Queremos crear PROXIMIDAD entre la vivienda y el trabajo, entre las escuelas y las casas, entre las tiendas y el esparcimiento, y también crear ACCESIBILIDAD sobre movilidad.
Hace falta cambiar radicalmente el tránsito motorizado por el no motorizado (bicicletas) y devolver el protagonismo a las personas viandantes. La movilidad en las ciudades debe garantizarse a todos, en especial a los sectores con mayores dificultades. La necesidad de transporte se responderá de la forma más sostenible y segura, y se abordará de forma integral el principal problema con el que nos enfrentamos en el transporte urbano: el de las áreas metropolitanas.
Un papel importante, para conseguir estos objetivos, los tienen los Planes de Movilidad Sostenible. Éstos surgen de la necesidad de planificar la mejora integral de la movilidad y la accesibilidad. Su eje central lo constituye la mejor gestión y el fomento de los medios de transporte más eficientes –transporte público y medios no motorizados– para conseguir mejoras sociales, ambientales, y también económicas.
6.1 Por la accesibilidad, movilidad y transporte sostenibles
Proponemos:
1‐ Revisar en profundidad el PEIT, condicionando y paralizando la construcción de todas las nuevas infraestructuras hasta que se realice una correcta evaluación del impacto del Plan sobre la red Natura 2000.
2‐ Reducir las necesidades de transporte motorizado, disminuyendo el tráfico por carretera en un 15% para 2012 respecto a 2006 y limitar las emisiones de los nuevos automóviles comercializados a partir de 2012 a 120 gramos de CO2 por km.
3‐ Aprobar una tasa ecológica sobre el consumo de carburantes de automoción que financie los Planes de Movilidad Sostenible y un impuesto similar al combustible de los aviones, y adecuar las tarifas a los costes reales que tienen para la sociedad los distintos modos de transporte, priorizando el transporte público colectivo. Se aplicará el impuesto al CO2, en el sector del transporte, con un tipo superior para el transporte de mercancías por camión, bonificando fiscalmente al ferrocarril. Aplicar el tipo medio a coches medios supondría aproximadamente 1,5 céntimos de euros por litro de combustible.
4‐ Endurecer la normativa nacional en seguridad de transporte marítimo y liderar a escala internacional la erradicación de las banderas de conveniencia.
5‐ Vincular, absolutamente, los planeamientos urbanísticos y de movilidad, cumpliendo los preceptos básicos de la CARTA EUROPEA de los DERECHOS VIANDANTES. A medio plazo, devolverle el 70% del espacio de las calles a las bicis, viandantes, niños y personas mayores. Al esparcimiento y a la naturaleza:
a) Establecer a 30 Km/h el límite de velocidad en áreas residenciales, y a 50 Km/h en vías de gran capacidad de los vehículos motorizados.
b) Reducir la velocidad en vías de acceso a las grandes urbes.
c) Vecindarios sin coches. Creación de Barrios sin coches.
6‐ Reducción del viario destinado a los automóviles, buscando el efecto Evaporación del Tráfico.
7‐ Generalizar otras medidas estructurales. Las actuaciones que más éxito tienen son la construcción de elementos sobre la calzada –como lomos o resaltes–, el diseño de itinerarios sinuosos para los coches y, sobre todo, la disminución del ancho de calzada. Las tres obligan a tener que disminuir la velocidad por cuestiones físicas.
8‐ Implantar la plataforma única ‐ es decir, calles sin segregación entre el espacio para el coche y para los peatones ‐, y el cambio de pavimento que advierte a los automovilistas que entran en una zona preferentemente peatonal.
9‐ Aprobar una “Ley del Acceso”, que garantice el derecho a acceder a los servicios, reduciendo la necesidad de desplazamientos. Incidirá en:
a) Derecho a la administración cercana: posibilitar que a lo largo de la legislatura al menos el 80% de los trámites administrativos presenciales se puedan hacer por administración electrónica, evitando asimismo el uso del papel en la administración.
b) Derecho a la cercanía: incluir en la ordenación del territorio medidas para minimizar las distancias a los servicios básicos en el tejido urbano, con el objetivo de que al menos el 75% de los ciudadanos, tengan a menos de 2 km, servicios de atención sanitaria básica, educación infantil y primaria y servicios a personas mayores.
c) Derecho a la tranquilidad: sacar el coche y la moto del centro urbano en las ciudades de más de 10.000 habitantes, con medidas de peatonalización y con la aprobación de un peaje para el acceso de vehículos motorizados a los centros urbanos.
d) Derecho al transporte público: llevar el ferrocarril a todos los municipios, con líneas de velocidad alta entre las ciudades de más de 100.000 habitantes.
10‐ Las Administraciones y empresas públicas sólo podrán adquirir vehículos de calificación energética A, dando preferencia a los híbridos en las gamas donde estén disponibles.
11‐ Limitar, desde fábrica, la velocidad de los vehículos, con el fin de contribuir a la lucha contra el Cambio Climático y reducir también los accidentes de tráfico.
12‐ Promover los bonos anuales, para las líneas de larga distancia de transporte, con el fin de fomentar el uso del transporte público.
13‐ No construir nuevos aeropuertos.
14‐ Elaborar una Ley de Movilidad Sostenible que, entre otras cuestiones, obligue a desarrollar y poner en práctica Planes de Movilidad Sostenible, con restricciones al uso excesivo del automóvil al tiempo que se fomenta el transporte público, con los siguientes objetivos:
a) Reducir un 20% la utilización de vehículos privados dentro de las ciudades.
b) Aumentar en un 30 % el uso del transporte público urbano y limpio dentro de las ciudades.
c) Peatonalizar al 100% los cascos históricos de las ciudades de más de 20.000 habitantes.
d) Modificar la actual tasa intermodal de transporte en las áreas metropolitanas, hasta alcanzar un 15% para el ferrocarril.
e) Reducir la siniestralidad en accidentes de tráficos urbanos en un 50%.
f) Alcanzar el 50 % de uso de fuentes energéticas renovables o no contaminantes en el transporte público.
g) Incrementar en un 50% los desplazamientos no motorizados (peatones, bicicletas y otros medios de transporte alternativos).
h) El desarrollo y seguimiento de este plan, así como su evaluación.
15‐ Crear Gestores de Movilidad en centros de trabajo de más de 50 empleados (públicos y privados), en parques industriales que elaboren y apliquen Planes de Movilidad Sostenible. Para las empresas pequeñas y medianas se establecerán líneas de apoyo para financiación de las medidas de los Planes de Movilidad Sostenible.
16‐ Donde no existe, introducción de sistemas tarifarios de billete único.
17‐ Introducción de sistemas de automóviles de uso o propiedad compartida ‐ que conecten, por ejemplo, zonas residenciales con el centro urbano ‐ o fomentar los aparcamientos disuasorios.
18‐ Fomentar el uso combinado de la bici (con posibilidad de alquilar bicis públicas) y del transporte público –especialmente el ferrocarril–, y favorecer el acceso y el aparcamiento en las estaciones y a la puerta de los edificios públicos.
19‐ Construcción y reserva de carriles para transportes públicos colectivos.
20‐ Fomento del transporte colectivo Marítimo y Fluvial.
21‐ Una apuesta decidida para potenciar y garantizar un transporte público de superficie suficiente, ampliando y protegiendo las redes de autobuses, reintroduciendo el tranvía en los ejes de fuerte demanda y extendiendo la red ferroviaria de tren y metro allá donde sea necesario, hasta alcanzar el objetivo de conectar todos los municipios.
22‐ Modificar la actual tasa intermodal incrementando la participación del ferrocarril, tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías, hasta alcanzar un 25% del total en 2012 y frenar el crecimiento del tráfico aéreo estabilizándolo a los niveles de 1990.
23‐ Adoptar medidas que favorezcan la movilidad de los sectores sociales con mayores dificultades de desplazamiento: mayores, personas discapacitadas, niñas y niños... Transporte gratuito para pensionistas, parados y otros colectivos sociales desfavorecidos.
24‐ Medidas para incentivar el transporte público colectivo: mejora de líneas, prioridad de tráfico, etc.
25‐ Establecer la obligatoriedad en vías urbanas y comarcales de nueva construcción o remodelación.
26‐ Realizar una red arterial de itinerarios peatonales.
27‐ Desarrollar, de manera permanente, una campaña de información y concienciación ciudadana destinada a la reducción del uso del transporte privado y motorizado, que incluya la participación de los municipios en iniciativas como la Semana Europea de la Movilidad y el Día Europeo sin Coche.
28‐ Implantar el carril Bus/VAO: un carril con barreras físicas que impidan su ocupación por parte de los automóviles ‐ y no simples señalizaciones que, al no ser respetadas, apenas cumplen su cometido ‐. Esta medida pretende dotar legítimamente al autobús de un espacio exclusivo para circular.
29‐ Apoyar desde el sector público la utilización del transporte marítimo de personas y mercancías, apoyando la constitución de empresas de capital mixto para gestionar las líneas.
6.1.1. Fomentar el uso de la bicileta
1‐ Elaborar Planes Directores de Bicicletas: son la mejor forma de integrar todas las medidas y actuaciones para el fomento de la bicicleta. Son instrumentos de planeamiento específicos para este medio de transporte que no sólo incorporan la coherencia en el diseño de la red de vías ciclistas, sino también medidas para la promoción de la bicicleta (aparcamientos para bicis, acceso preferente a equipamientos, etc.) y criterios de actuación en la planificación y en los proyectos para integrar a la bicicleta en la vida urbana.
2‐ Incentivar el uso de la bici, con campañas de educación ambiental en las escuelas, y otras actividades como: la celebración de la semana de la bici, de la semana sin coches, etc.
3‐ Extender el derecho de admisión de la bicicleta en el transporte público.
4‐ Dar prioridad desde los Ayuntamientos al uso de la bicicleta, en los desplazamientos que realice la policía municipal.
5‐ Diseñar de acuerdo con los usuarios, y construcción de una red de carriles‐bici en los municipios, aparcamientos y arrendamientos que conviertan a la bicicleta en una alternativa real de movilidad, estableciéndose un plazo de 8 años para su ejecución completa.
6‐ Que los carriles bici proporcionen unos recorridos protegidos y seguros para cualquier desplazamiento, en general, y para los que deben hacer los niños y jóvenes en particular, desde su casa al colegio o al instituto.
7‐ Hacer una red de carriles y pistas para bicis, tanto en las vías públicas urbanas, como las interurbanas, que conecten cualquier punto de interés social. No sólo son rutas de turismo o de ocio, sino alternativa real de Transporte.
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